Expertos en este tema eso sí, señalan que En Punta Puertecillo de haber una infracción como la que se acusa, la multa correcta solo llegaría a los $12 millones, ya que el cálculo se hace multiplicando por dos el avalúo fiscal del predio antes de ser dividido.
FUENTE: Del Secano Radio Online – DF MAS
Imagenes: Web – Referenciales
El 29 de junio de 2023 el Juez de Policía Local de Litueche, en la región de O’Higgins, condenó a la Administradora Punta Puertecillo y a la Administradora Ayelén – propiedad del empresario Jorge Gálmez – a pagar una multa de $39.606.813.700.- En esa oportunidad se le acusó de vulnerar el Decreto Ley Nº3516.
Juzgado de Policía Local de Litueche
El Juzgado de la comuna de Litueche le imputó al empresario subdividir un área de 215 Hectáreas en 295 parcelas. El problema es que el uso del suelo para esas tierras es agrícola (rural) y se utilizó finalmente con fines habitacionales debiendo haber cambiado el uso de suelo a urbano.
La molestia no tardó en llegar. Tras ser notificados el 27 de julio, los abogados de Punta Puertecillo, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Rancagua. “Nuestra representada ha sido víctima de una decisión judicial abiertamente ilegal, además de intrínsecamente injusta y voluntarista (…). A nuestra representada se le terminó aplicando la multa quizás más alta que jamás se haya impuesto en nuestro país, sin que existan razones que lo justifiquen, por un monto desproporcionado, exorbitante y confiscatorio de más de $ 39 mil millones” … Y sigue: “Ni siquiera en casos de colusión, o de infracciones medioambientales, o de las leyes que rigen el mercado de valores, sanitarias, eléctricas, o de telecomunicaciones, se han aplicado multas así de cuantiosas”.
Los abogados se fueron directamente en contra del Juez de Policía Local de Litueche, Sergio Gajardo, quien dictó la sentencia pecuniaria: “Pasó por alto el rol para el cual ha sido investido, convirtiéndose en un persecutor absolutamente parcial, que no trepidó en difamar de manera destemplada a nuestra representada”, señalan en el escrito.
Otra Multa para Topocalma y Gálmez
Esto ocurrió a los pocos meses de que la Corte Suprema acogiera la reclamación interpuesta por fundaciones comunitarias y vecinos de Litueche y condenara a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Ayelén, ambas propiedad de Jorge Gálmez, a pagar otra multa de 5.001 UTA ( Unidad Tributaria Anual), equivalente a $ 3.650 millones : Ver nota https://delsecanoradio.cl/multan-a-agricola-topocalma-en-litueche/
Esto hace referencia a que, geográficamente cerca del proyecto – que tiene sus orígenes en el 2015 – se ubica el Humedal Topocalma, constatándose que se capta agua desde un afluente cercano.
Se dispuso entonces como medida cautelar, la prohibición de realizar ventas de terrenos que formen parte del proyecto Punta Puertecillo, a partir de la fecha de sentencia y hasta la obtención de la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
Como respuesta, la inmobiliaria contrató los servicios de asesoramiento de ORBE Consultores, quienes se enfocaron en el Estudio de Impacto Ambiental. Junto a ellos se requirió también el servicio del bufete de abogados de Julio Lavín y a Imaginacción, con el fin de analizar distintas visiones y análisis del proceso. Finalmente Gálmez terminó pagando la totalidad de la primera multa, es decir, los $ 3.650 millones, buscando dar por zanjado el tema.
$ 12 millones vs $ 39 mil millones
El nuevo proceso está ahora en la Corte de Apelaciones de Rancagua y todavía no ha sido visto. Cuando ello ocurra, los abogados deberán ir a defenderse al tribunal. De todas maneras, cercanos a ambas inmobiliarias aseguran que, pese al mal rato, están tranquilos. Están convencidos de que la multa es improcedente y fuera de la ley.
Conocedores del rubro explican que, de haber una infracción como la que se acusa, la multa correcta bordearía solo los $12 millones, no los $39 mil millones como los que sentencia el JPL de Litueche. Dice la misma persona que el cálculo se hace multiplicando por dos el avalúo fiscal del predio dividido. En este caso, son 215 hectáreas y el avalúo fiscal, $6 millones. Por lo tanto, la multa sería de $12 millones. Eso, en el caso de haber infracción, cosa que además, creen que aquí no existe.
Andrés Prida, gerente general de Inmobiliaria e Inversiones Ayelen, asegura que “desconociendo la ley el juez de Policía Local de Litueche consideró que esta parcelación requería contar con un cambio de uso de suelo que no se había obtenido. Sin embargo, el proyecto cuenta con todos y cada uno de los permisos con los que debe contar, cuestión que el juez lisa y llanamente omitió. Esta multa es improcedente e irrisoria (…) no era necesario para una parcelación rural de acuerdo al ordenamiento jurídico.”
Acerca de Gálmez, dice: “El propietario realizó un proyecto de buena fe, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos y termina siendo nuevamente sancionado con una multa injusta y a todas luces improcedente, carente de lógica y absolutamente desproporcionada. Peor aún, por estos mismos hechos la Corte Suprema ya había aplicado una multa millonaria de $3.650 millones la cual fue pagada por la Inmobiliaria, y dando cumplimiento al fallo, se inició un proceso de Estudio de Impacto Ambiental que se encuentra en curso”.
¿Que dira la Corte de Apelaciones?
Lo que argumenta la defensa es válido, desde el punto de vista de estos conglomerados, pero va en contra de lo dictaminado por el tribunal de primera instancia, quien estima que el cálculo de la multa debe basarse en el avaluó fiscal de las parcelas obtenidas después del loteo (división) efectuado por las inmobiliarias. Ahora bien, es válido señalar también que los cánones comerciales de esas parcelas de agrado promedian los 300 millones de pesos cada una, muy lejos del valor anterior a la parcelación y que solo alcanza la suma de 6 millones de pesos de avalúo fiscal (215 hectáreas).
Del Secano Online conversó con Sergio Gajardo, Juez de Policía Local de Litueche, quien declino entregar mayores antecedentes debido a que la causa se encuentra abierta y en proceso de resolución final en el Tribunal de Alzada de la región de O’Higgins. La defensa de lo planteado por esta instancia está a cargo del Consejo de Defensa del Estado.
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