Desde la Contraloría General de La República la investigación revela que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país durante licencias médicas, el listado revela 6 casos en la comuna de Litueche.
La Contraloría General de la República (CGR) ha dado a conocer preocupantes antecedentes sobre el uso irregular de licencias médicas en el sector público, los cuales han motivado la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público. Según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), más de 25 mil funcionarios públicos realizaron viajes internacionales mientras se encontraban con permisos médicos entre los años 2023 y 2024.
El informe, elaborado por la CGR, revela que un total de 25.078 empleados del Estado emitieron 35.585 licencias médicas durante el periodo señalado. Lo que resulta especialmente alarmante es que, en ese mismo lapso, dichos funcionarios realizaron un total de 59.575 entradas o salidas del país, pese a estar supuestamente en reposo por motivos de salud.
Estos movimientos migratorios fueron detectados gracias al cruce de datos con la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió comprobar que las fechas de los permisos médicos coincidían con viajes fuera del territorio nacional.
La Región Metropolitana encabeza la lista de zonas con mayor número de traslados al extranjero durante licencias médicas, acumulando 26.032 casos. Le siguen las regiones de Arica y Parinacota, con 10.043, y Magallanes, con 5.980 episodios similares.
El informe abarca 788 instituciones públicas que fueron oficiadas por la Contraloría. Dentro de este grupo, 13 entidades concentran el 25% de todos los permisos médicos en cuestión, lo que ha levantado fuertes sospechas sobre prácticas sistemáticas y posibles redes de encubrimiento o permisividad.
Hasta la jornada del jueves, ya se habían revelado las 50 instituciones con mayor número de casos detectados. Cada una de ellas presentaba más de un centenar de situaciones en que funcionarios salieron del país estando bajo licencia médica.
Contraloría y las entidades involucradas
Entre las entidades más involucradas figura la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), que lidera con 2.280 licencias médicas vinculadas a viajes internacionales. Le sigue la Fundación Integra, con 1.934 casos, y la Municipalidad de Arica, con 719.
Además, otras instituciones relevantes que aparecen en el listado son el Servicio Nacional de Protección a la Niñez, que ocupa el puesto 14 con 318 funcionarios en la misma situación, así como diversos centros de salud: el Hospital San José con 203 casos, el Félix Bulnes con 195, el Barros Luco con 188, y el Hospital Clínico Eloísa Díaz con 165.
Frente a este escenario, el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación de oficio para determinar eventuales responsabilidades penales por delitos como fraude al fisco. Además, se indaga si hubo médicos que emitieron licencias sin el respaldo necesario, lo que podría constituir un delito por la elaboración de documentos falsos.
Este viernes, la Contraloría hizo pública la lista completa de las 788 instituciones bajo investigación. Dentro de estas se incluyen más de 300 municipalidades, 52 servicios públicos, 46 hospitales, 22 subsecretarías y más de 40 corporaciones municipales.
En el ámbito local, el listado consigna que en la Municipalidad de Litueche son 6 los casos registrados, en Marchigue 7, en la Municipalidad de Navidad la cifra que se dio a conocer es de 16, Municiaplidad de La Estrella 4 casos, en el DAEM de Pichilemu 5 casos,
La magnitud del hallazgo no solo cuestiona la integridad de miles de funcionarios públicos, sino que también expone serias falencias en los mecanismos de control interno en el uso de licencias médicas dentro del aparato estatal. El caso promete ser uno de los más complejos y extendidos en la historia reciente del control público en Chile.
Revisa el Listado Completo en el siguiente archivo:
El caso pone en entredicho los mecanismos de fiscalización internos del Estado y evidencia la necesidad urgente de fortalecer los controles sobre el uso de licencias médicas en el sector público. La magnitud del fenómeno sugiere una práctica extendida que, de comprobarse, no solo compromete recursos fiscales, sino también la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
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